Unos 200 fiscales, jueces y profesionales de las leyes asistieron al foro “El proceso abreviado una herramienta eficaz contra el crimen organizado”, llevado a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde recomendaron, especialmente a los fiscales, el uso de dicho procedimiento para disminuir la mora judicial.
“El proceso abreviado tiene su origen no en favorecer al reo, sino en darle celeridad a los procesos, evitar que el dispendio costoso de un proceso completo hasta sentencia, cuando se podía dar de otra manera”, expuso el exmagistrado René Hernández, ayer.
Junto a él expusieron fiscales y exfiscales de Estados Unidos, Honduras, Colombia, Chile y Brasil, quienes ya han recomendado el uso de la herramienta.
En el país, el proceso abreviado tomó relevancia, luego que la Fiscalía General de la República logró que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca acordara aceptar los cargos que le imputaban por peculado y lavado de dinero de $300 millones.
De ser condenado en un proceso ordinario, Antonio Saca hubiese estado 30 años en prisión; sin embargo, la negociación de aceptar la verdad material, investigada por la fiscalía, le redujo su pena a 10 años.
“No hay resolución perfecta, no podemos restituir el daño a la víctima, también en casos de corrupción donde el pueblo es la víctima no podemos restituir este daño; en el rol de la fiscalía y del sistema de justicia, básicamente es la última parada en este camino y significa que el sistema de prevención ha fracasado y llegamos al punto de una investigación penal”, explicó ayer el exfiscal estadounidense, Charles Walsh, respecto a la inconformidad que la sociedad puede sentir respecto a condenas de los procesos abreviados.
En el país, el proceso abreviado está contemplado a partir del artículo 417 del Código Procesal Penal y señala que las penas podrán ser acordadas entre fiscalía, imputados y defensores.
Entre 2014 y 2019, 17,345 casos penales se han llevado a procesos abreviados y de esos, 17,086 han sido absueltos, según datos de la Fiscalía General de la República.
Los expertos insistieron en que la aplicación del proceso ahorra costos al Estado y ayuda, precisamente, a reducir la mora judicial. “Evita el desgaste del sistema penal y permite poner toda la batería en otro tipo de criminalidad que el sistema no puede estar pasivo: el crimen organizado”, disertó el exmagistrado Hernández Valiente.
El proceso abreviado fue incluido en la legislación salvadoreña en la reforma del Código Penal y Procesal Penal de 1998, cuando los juicios pasaron a ser orales, según el mismo exfuncionario judicial.
Walsh añadió que el proceso abreviado es una forma de recibir una condena adecuada “no perfecta, pero adecuada en un caso particular”.
Para aplicar proceso abreviado
- a) La aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado.
- b) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas.
- c) La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa.
