El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, envió una carta para explicarles a los diputados que no podía asistir a la convocatoria realizada por la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa para este miércoles.
“Al respeto informo por designación presidencial, se me hace imposible comparecer, ya que por instrucciones directas e instrucción del cumplimiento del plan de seguridad de este gobierno, es requerida mi presencia en el caudal Río Grande de San Miguel, debido a que esta cartera de Estado, la Dirección General de Centros Penales y cuatro ministerios más lideran el proyecto de recuperación y restauración de la zona”, leyó esta mañana el diputado Antonio Almendáriz, presidente de la Comisión de Seguridad, ante el resto de legisladores de la comisión parlamentaria.
Rivas solicitó “asignar una nueva fecha a esta importante reunión para el día y hora que esta Comisión considere conveniente y así poder exponer e intercambiar opiniones sobre los planes de acción que se implementan”.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea acordó la semana pasada convocar al ministro y su gabinete de seguridad con el fin de “conocer los mecanismos y los planes de acción” contra la delincuencia. Almendáriz explicó que así han realizado convocatorias a los funcionarios de Seguridad de otros gobiernos. “Para saber qué es lo que necesitan de nosotros, para saber qué y cómo lo piensan hacer”, detalló.
El diputado Carlos García Ruiz, del FMLN, dijo que aún no conocen el plan de seguridad. “Nos debe llevar a conocer la idea no para el momento, sino para los cinco años”, expresó.
Mauricio Vargas, diputado por el partido Arena, pidió en la Comisión hacer la reunión lo más pronto posible. “La ausencia del ministro a mí personalmente me preocupa, la violencia continúa, está centrada en los agentes del Estado, se terminó el año con 10 homicidios diarios, hoy andamos sobre los 14”, expresó. Pidió “vehementemente” si la reunión puede convocarse “en un día normal”.
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer que atacarán a los financistas de los delincuentes y un plan para bloquear las comunicaciones desde los centros penales, que denunció aún continúan.
