La Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibió 95 solicitudes de atención para víctimas de desplazamiento forzado interno entre enero y mayo de este año, informó ayer su titular, Fátima Ortiz.
La funcionaria afirmó que actualmente están atendiendo a 450 personas que forman parte de núcleos familiares en condición de desplazamiento forzado. El año pasado la DAV registró 100 casos y solamente atendieron a 400 personas.
Según Ortiz, las causas principales de desplazamientos forzados identificadas por el Ministerio de Justicia son: amenazas hechas por grupos de pandillas, extorsiones y víctimas de violencia de género. Asimismo, Ortiz señaló que solamente han dado atención a dos casos de desplazamiento forzado que tenían relación con miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.
“Los casos de agentes los ve la sociedad civil porque no llegan hacia nosotros, cuando (los casos) llegan, solamente nos piden alojamiento para las víctimas y ayuda humanitaria pero muchos a veces no tenemos acceso a las víctimas por su protección”, explicó la funcionaria.
De acuerdo a la Dirección de Atención a Víctimas, hasta la fecha utilizan $1 millón para atender a las personas víctimas de violencia y desplazamiento, pero la directora de la DAV aseguró que necesita $2 millones para brindar atención psicosocial a todas las personas en la referida condición.