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Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro funcionarios de Nicaragua cercanos al presidente Daniel Ortega, acusándolos de perseguir a ciudadanos disidentes, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negar atención médica al pueblo nicaragüense.
El Departamento del Tesoro dijo que incluyó en una lista negra a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional (Legislativo unicameral) y principal operador político de Ortega; Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR); y los ministros de Salud, Sonia Castro, y de Transporte, Óscar Mojica.
Las sanciones del Tesoro marginan a estas personas del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener en Estados Unidos.
"Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y a su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus reclamos de reformas y retorno a la democracia", dijo la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, citada en un comunicado.
"No dudaremos en tomar medidas contra quienes perpetúan la opresión o apoyan al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", añadió.
Las medidas punitivas a los cuatro funcionarios se aplicaron de conformidad con la orden ejecutiva 13851, firmada por el presidente Donald Trump en noviembre pasado "para contrarrestar los peores abusos del régimen de Ortega en Nicaragua".
Además, Castro y Porras fueron sancionados bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, aprobada en diciembre pasado y más conocida como "Nica Act", que impone restricciones a los responsables de actos de violencia por parte del gobierno nicaragüense y de violación de los derechos civiles de los manifestantes.
Nicaragua ha estado sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que estalló en abril de 2018.
Las protestas, que derivaron en reclamos por la salida de Ortega y la realización de elecciones anticipadas, desataron una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y más de 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
